La Policía ha destruido las pruebas que condenaban a un grupo neonazi valenciano denominado Frente Anti Sistema, el cual había sido detenido por actividades terroristas y delitos de odio y al que se le incautó multitud de armas en su domicilio.
01.07.14
La sorpresa del fiscal ha sido mayúscula cuando al pedir la prueba del arsenal recogido para demostrar la culpabilidad en el juicio, que comenzará el próximo 14 de julio, ha resultado que dicho arsenal ya no existía porque había sido destruido, ya que la Guardia Civil se había encargado de destruirlo a instancias del Tribunal Superior de Justicia.
Los hechos ocurrieron en septiembre de 2005, en la llamada “Operación Panzer” que desmanteló una presunta red neonazi tras investigar las actividades ilícitas realizadas por este grupo. La Guardia Civil se personó en la casa del edil del partido de extrema derecha España 2000 en Silla, José Alejandro Serrador Ferrer, en cuyo domicilio encontraron una escopeta semi-automática, multitud de pistolas, una ballesta-pistola, algunos bolígrafos-pistola y gran número de armas blancas, entre ellas una variedad de catanas. También poseían un desollador para separar la piel del cuerpo.
En este grupo estaban presuntamente involucrados tanto militantes de Democracia Nacional como de España 2000 y también de la secta destructiva Nueva Acrópolis, que venera un misticismo nazi según el cual Hitler es un avatar divino enviado por los dioses arios (atlantes) y aún sigue vivo en el Polo Norte.
En esta operación también fue encausado Pedro Cuevas, asesino del menor militante de izquierdas Guillem Agulló, que murió acuchillado por un grupo de jóvenes fascistas en 1993 en la localidad castellonense de Montanejos.
Cuevas fue el único condenado del grupo por la muerte de Agulló pero cumplió tan solo 4 años de los 17 años de prisión a los que fue condenado. Debido a este “grave error”, el fiscal no podrá saber el potencial de las armas, no podrá preguntarles si pretendían usarlas y no se podrá investigar si ya habían sido usadas. Y lo que es más grave: probablemente esto suponga la no-culpabilidad de los detenidos por error de forma.
Fuente: Postdigital - España
Comentarios interesantes en grupo relacionado
Relacionados
El juicio arranca en Valencia - ABC - España
Ingresan en prisión detenidos en "Operación Panzer" - ABC - España
Reclaman por absolución por tecnicismos de neonazis - ABC - España
Reanudan juicio contra neonazis - ABC - España
Entre los acusados hay militares, concejales y un director de un centro de menores subvencionado por el gobierno de Fabra.
La Guardia Civil destruyó meses antes del juicio todas las armas requisadas, entre las que había pistolas semiautomáticas, revólveres, municiones y un bazoka, procedentes del Ejército de Tierra
En Septiembre de 2005, en la llamada Operación Panzer, eran detenidas 25 personas, acusadas por la Guardia Civil de pertenecer al Frente Antisistema, una organización neonazi que se dedicaba a atacar a personas por motivos raciales o ideológicos en el área de Valencia.
En la operación, realizada tras numerosas horas de escuchas telefónicas y un importante trabajo de investigación, fue incautado un gran arsenal de armas: escopetas, pistolas semiautomáticas, revólveres, máquinas para recargar municiones, y hasta un bazooka. Que dos de los detenidos fueran militares explica la procedencia del armamento, el Ejército de Tierra del Estado Español.
Entre los detenidos, además de los dos miembros del Ejército, había concejales de España 2000 condenados por extorsión, el asesino confeso del joven Guillem Agulló y un deportista paralímpico. También el neonazi Pedro Costa, conocido como Lofer, había sido director de un centro de menores que atiende a jóvenes de entre 9 y 17 años en riesgo de exclusión subvencionado por la Generalitat Valenciana de Alberto Fabra, lo que para muchos constituye una muestra más de la permisividad de los Gobiernos del PP en esa comunidad con la extrema derecha.
La Fiscalía y la acusación popular, formada por la plataforma Acción popular contra la impunidad —formada por Movimiento Contra la Intolerancia, EUPV, Bloc-Compromís, ERPV-ERC, Acció Cultural del País Valencià, SOS Racisme, Jarit y CR Just Ramírez, el Centro Cultural Islámico de Valencia, la Comunidad Israelita de Valencia, Gitanos por la Diversidad, el Colectivo Lambda y la Intersindical Valenciana— pedía hasta 50 años de cárcel.
Sin embargo, tras nueve años de misteriosas incidencias, paralizaciones del juicio, tres fiscales diferentes, ordenes de busca y captura que no se ejecutan, etc., la sorpresa vino cuando la Audiencia de Valencia pidió una muestra de las armas para exponerlas en la vista: todas las armas, sin excepción, habían sido destruidas por la Guardia Civil con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, lo que suscitó airadas protestas por parte de la acusación particular.
El remate a este caso ha venido dado el pasado 29 de Julio cuando por fin salió la sentencia del juicio realizado hace dos semanas. El resultado es la absolución para todos los acusados aduciendo la nulidad de las escuchas realizadas.
Fuente: Vocesdelpradillo - España
Relacionados
El juicio arranca en Valencia - ABC - España
Ingresan en prisión detenidos en "Operación Panzer" - ABC - España
Reclaman por absolución por tecnicismos de neonazis - ABC - España
Reanudan juicio contra neonazis - ABC - España
Vergonzosa absolución al grupo nazi más importante del Estado.
30. Julio 2014Entre los acusados hay militares, concejales y un director de un centro de menores subvencionado por el gobierno de Fabra.
La Guardia Civil destruyó meses antes del juicio todas las armas requisadas, entre las que había pistolas semiautomáticas, revólveres, municiones y un bazoka, procedentes del Ejército de Tierra
En Septiembre de 2005, en la llamada Operación Panzer, eran detenidas 25 personas, acusadas por la Guardia Civil de pertenecer al Frente Antisistema, una organización neonazi que se dedicaba a atacar a personas por motivos raciales o ideológicos en el área de Valencia.
En la operación, realizada tras numerosas horas de escuchas telefónicas y un importante trabajo de investigación, fue incautado un gran arsenal de armas: escopetas, pistolas semiautomáticas, revólveres, máquinas para recargar municiones, y hasta un bazooka. Que dos de los detenidos fueran militares explica la procedencia del armamento, el Ejército de Tierra del Estado Español.
Entre los detenidos, además de los dos miembros del Ejército, había concejales de España 2000 condenados por extorsión, el asesino confeso del joven Guillem Agulló y un deportista paralímpico. También el neonazi Pedro Costa, conocido como Lofer, había sido director de un centro de menores que atiende a jóvenes de entre 9 y 17 años en riesgo de exclusión subvencionado por la Generalitat Valenciana de Alberto Fabra, lo que para muchos constituye una muestra más de la permisividad de los Gobiernos del PP en esa comunidad con la extrema derecha.
La Fiscalía y la acusación popular, formada por la plataforma Acción popular contra la impunidad —formada por Movimiento Contra la Intolerancia, EUPV, Bloc-Compromís, ERPV-ERC, Acció Cultural del País Valencià, SOS Racisme, Jarit y CR Just Ramírez, el Centro Cultural Islámico de Valencia, la Comunidad Israelita de Valencia, Gitanos por la Diversidad, el Colectivo Lambda y la Intersindical Valenciana— pedía hasta 50 años de cárcel.
Sin embargo, tras nueve años de misteriosas incidencias, paralizaciones del juicio, tres fiscales diferentes, ordenes de busca y captura que no se ejecutan, etc., la sorpresa vino cuando la Audiencia de Valencia pidió una muestra de las armas para exponerlas en la vista: todas las armas, sin excepción, habían sido destruidas por la Guardia Civil con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, lo que suscitó airadas protestas por parte de la acusación particular.
El remate a este caso ha venido dado el pasado 29 de Julio cuando por fin salió la sentencia del juicio realizado hace dos semanas. El resultado es la absolución para todos los acusados aduciendo la nulidad de las escuchas realizadas.
Fuente: Vocesdelpradillo - España
"Operación Panzer": Armas del ejército español en manos de la extrema derecha
28.05.08 Ràdio Klara
Intervenciones telefónicas, meses de seguimientos personalizados e informaciones de infiltrados conducieron a la Guardia Civil a desarticular a final del 2005 una de las tramas político-delictivas ultraderechistas más grandes y más peligrosas de la historia reciente de España.
Aunque la mayoría de los detenidos residen en el País Valenciano, la trama llega a otros puntos del estado. El hecho que la Acción Popular contra la Impunidad se personara en esta causa ha evitado que el –caso todavía en fase d’instrucción– muriera antes de celebrarse el juicio, y hará que los procesados dejan de soñar en salir impunes como en ocasiones anteriores. Es un reportaje del equipo de investigación AIP.
Una organización criminal autodenominada Frente Anti Sistema (FAS) actuaba como una banda organizada con ánimo de lucro: planeaba robos y asaltos; también vendía toda clase de armas, en connivencia con militares en activo que no tuvieron reparos para sustraer armas del ejército español, como un lanzagranadas y armas cortas. El FAS estaba capitaneado por Juan Manuel Soria –un curtidor de pieles condenado a más de dos años de prisión por extorsión y amenazas graves a un cura valenciano–, que se rodeaba de una legión de individuos sin oficio conocido. Las armas servían para que individuos como Pedro Cuevas, el asesino de Guillem Agulló, pudieran lucrarse vendiéndolas por internet en aras de la patria. Esta es la denominada operación Panzer, toda una trama criminal neofascista que ha estado a punto de dormir el sueño del justo, si no fuese por la irrupción, hace cinco meses escasos, de la Acción Popular Contra la Impunidad, que se ha personado en la causa, cuando los 27 imputados ya se frotaban las manos pensando que, otra vez, podrían continuar actuando impunemente.
Militares, empresarios y delincuentes formaban parte de una trama valenciana que, bajo la bandera del III Reich, organizaba acciones de proselitisme nazi para captar nuevos militantes y distribuía toda clase de armamento, entre más actividades delictivas. La peligrosidad que detectó la Guardia Civil permitió emprender una investigación que condujo a destapar una organización criminal que poseía un auténtico arsenal y presuntos contactos dentro los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.
"¡Lleva siempre un as a la manga!"
"Actualmente, a la vida cotidiana, debes velar por tu seguridad y la tranquilidad de los tuyos, como también la de tu comercio, locales y viviendas. Lleva siempre un as a la manga!" Esta frase encabezaba las webs de Prodef, sistemas de protección y defensa, y de otra web prácticamente igual denominada Streetdefense, ambas ilustradas con una foto dónde varios individuos patean a una persona que se cubre como puede en tierra, y bajo el símbolo neofascista de la cruz celta. La tranquilidad con la que se anuncia este negocio en internet y la denuncia que hacen varios colectivos llevan a la Guardia Civil, hacia final del año 2004, a investigar, dentro de la diversidad de webs neonazis, esta curiosa rama comercial dedicada a la venta de armas. Los productos que venden van desde esprais paralizantes hasta puños americanos, porras eléctricas y navajas de todos los tamaños, y todo apunta a que la trama parte desde el País Valenciano. Durante meses, los agentes interceptan los teléfonos de los responsables de las webs y detectan que, más allá de la venta de armas, hay una organización perfectamente estructurada y con unas finalidades dudosamente legales. Empieza así lo que la Guardia Civil bautiza con el nombre de operación Panzer.
Hacía diez años que la policía había desarticulado en Valencia el grupo neonazi más activo del País Valenciano, Acción Radical, protagonista de las cacerías contra inmigrantes y militantes de izquierdas y coordinadora de gran parte del movimiento skin español. Habían organizado conciertos de música RAC (Rock Anticomunista) durante las fallas del 1992 y el 1993, por los cuales se habían desplazado skinheads de toda Europa hasta la capital del Túria. La publicación en uno de sus fanzines de una lista negra de objetivos, entre los cuales figuraban profesores, okupas, homosexuales o independentistas, provocó su desarticulación. En esta ocasión también los encontraron armas, una estructura jerarquizada y propaganda racista. La historia parecía repetirse diez años más tarde, pero con una magnitud notablemente superior.
Todo empieza en Silla
Las pistas iniciales que aportaban las páginas webs detectadas a final del 2004 y los comentarios dentro el movimiento ultra apuntan demasiado a menudo a la localidad de Silla (Valencia). Esta población se ha convertido en uno de los actuales centros neurálgicos de la extrema derecha valenciana, hasta el punto de haber concedido al partido España2000 un concejal las pasadas elecciones municipales.
Varias fuentes indicaban que determinados individuos vinculados a los movimientos neonazis valencianos estaban detrás las páginas webs que ofrecían toda clase de armas y material racista. Un activo neonazi de Silla con antecedentes penales, Joaquín Saludes Prieto, junto con su mujer, María Sandra Rentero Monzó, centran gran parte de las primeras pesquisas de la investigación. Otro vecino de Silla bajo quien caen inicialmente las sospechas es Alejandro Serrador Ferrer, álias el Silla, miembro de la junta nacional de España2000 y conocido por una corpulencia exagerada y porque frecuenta los partidos del València CF con la peña Ultra Yomus, junto con Joaquín Saludes.Serrador formaba parte de la estructura interna y de los órganos de decisión de l’organización neonazi Frente Anti Sistema. Según fuentes de la investigación, la tranquilidad con qué actuaban había hecho que estas actividades se comentaran por los ambientes extremistas, como también se divulgaran las luchas intestinas que traspasaban enconadamente los muros de sus locales. Había una rivalidad entre sus miembros que demasiado a menudo pasaban de boca en boca entre el entorno ultra, con descalificaciones constantes de unos contra otras.
Pedro Cuevas vuelve a escena
Pedro José Cuevas Silvestre confirmaba su relación con organizaciones neonazis después de haber pasado por prisión por la muerte de Guillem Agulló. Su vinculación al FAS y los tareas que ejercía en esta trama devuelven a este siniestro personaje al mundo de la violencia y de la esvàstica. Él era uno de los principales encargados de la cadena de fabricación y venda de determinadas armas. Se sabia dentro el movimiento ultra que el homicida de Agulló podía conseguir puños americanos de precios y modelos diversos. Cuevas se había convertido en un personaje conocido dentro los ambientes neonazis por su triste antecedente homicida. Se sabia, además, que se sentía muy tranquilo después de haber superado el paso por la prisión a raíz del caso Agulló –que de ninguna forma había servido para rehabilitarlo. Se había convertido en un ejemplo de la impunidad, y su implicación en el FAS y en el negocio de las armas arreciaban esta imagen.
Venta de armas y propaganda nazi
A través de las páginas web, el FAS divulgaba su ideario nazi y a la vez enlazaba con más páginas dedicadas a la venta de armas, administradas por miembros de la misma organización. La sede, en la avenida Tres Cruces número 69, de la ciudad de Valencia, servía de centro de operaciones, dónde organizaban actividades de proselitismo a los qué simpatizantes de los idearios racistas acudían regularmente para ser instruidos, y donde podían adquirir material neonazi y asistir a charlas y conciertos de grupos de RAC. Actualmente, este mismo local es la sede del partido ultra Alianza Nacional, en el qué curiosamente militan varios implicados al caso Panzer y que acoje actividades parecidas a las organizadas por el FAS.
El primer golpe policial contra la organización fue el septiembre de 2005, cuando detuvieron a 22 personas y registraron varios locales en diversos puntos del País Valenciano. Los meses posteriores, la investigación de la Guardia Civil se alargó con la detención de cinco personas más, y llegó a la cifra de 27 imputados, el caso de más magnitud contra la extrema derecha del Estado. Las localidades dónde es desplegó la operación fueron València, Sagunt, Puçol, Xiva, la Pobla de Farnals, Torrent, Silla, Paterna, la Font de la Figuera, Burjassot y Xirivella. Entre el arsenal incautado hay desde bolígrafos pistola hasta puños americanos, pistolas, catanas, navajas, ballestas, escopetas recortadas y un lanzagranadas. Según la Guardia Civil, en las páginas web del entramado neonazi se hace una clara apología de la violencia con finalidades políticas, y se llega a proporcionar armas para tales objetivos, un negocio que servía para financiar la organización. Uno de los puntos preocupantes es la vinculación de soldados profesionales del ejército español en esta trama.
EL TEMPS ha podido saber que al menos tres de los detenidos trabajaban en las fuerzas armadas mientras militaban o colaboraban con esta organización. Para la Guardia Civil, los imputados pertenecen a una asociación ilícita, y les imputa los delitos de tenencia, tráfico y depósito d’armas y municiones, robos y delitos contra la salud pública, puesto que entre el arsenal incautado hay anabolizantes destinados a la venta ilegal para engordar la masa muscular de sus clientes.
De asociación ilícita a partidos políticos
Además de compartir local, el FAS –la organización desarticulada durante la operación Panzer– trasvasó parte de la militancia a un partido de creación reciente, Alianza Nacional, heredera de la extinta Alianza por la Unidad Nacional (AUN), la formación del histórico ultra Ricardo Sáez de Ynestrillas. Alianza Nacional, fundada en Valencia el 2006 y encabezada por Pedro Pablo Peña, proveniente d’AUN, se estrenó con el ingreso en prisión de este último y dos militantes más, al cabo de poco tiempo de fundarse por tratar de atentar con explosivos contra un autocar de familiares de presos de ETA.
"El local continúa abierto, y continuamos como antes, militando en Alianza Nacional." Tan claro lo deja Juan Manuel Soria Monfort en un foro d’una web neonazi cuando le preguntan qué queda del FAS. Soria, que fue considerado líder de la organización desarticulada bajo la operación Panzer, encabezó el proyecto de AN en el País Valenciano a los pocos meses de desmantelarse la organización ilegal. Cabe destacar el protagonismo en la controvertida visita del líder del Ku Klux Klan, David Duke, en València -el único lugar del estado español dónde pudo hacer una charla–, y que estuvo en todo momento acompañado por Soria. El acto tuvo que celebrarse en el local mencionado porque se les denegó el permiso consecutivamente en varios hoteles de Valencia, a raíz de la campaña de colectivos sociales y antifascistas contra la visita del racista norteamericano.
Juan Manuel Soria fue procesado un año después de la operación Panzer, acusado de haber extorsionado a un cura del Pla del Real con imágenes del religioso de explícito contenido sexual entre final del 2004 y principio del 2005. Su cómplice en esta aventura es también otro implicado en el caso Panzer, Pedro David Montiel García, álias Cráneo, uno de los que luchaba de manera más feroz dentro de la organización por conseguir el poder. Los acusados reconocieron los hechos en el caso del cura, y aceptaran la pena solicitada por el fiscal y la acusación particular, que no llegaba a dos años de prisión por los delitos de recaptación y amenazas. Los nazis habían conseguido las imágenes y le pedían 15.000 euros por no hacerlas públicas.
Pero el personaje que hizo saltar todas las alarmas, presente tanto en el FAS como después en las listas electorales de AN en Xiva, fue Pedro José Cuevas Silvestre, autor de la muerte de Guillem Agulló. Cuevas ocupó el número ocho de la candidatura municipal encabezada por Soria, y su presencia levantó la reacción de los movimientos sociales y políticos valencianos, que ofrecieron una conferencia de prensa denunciándolo y pidiendo la ilegalización de este partido. Otro implicado al caso Panzer ocupaba el segundo lugar en las listas de Xiva, Ramón Luis Gómez.
Otro partido salpicado por el caso Pànzer es el que encabeza el empresario ultra José Luís Roberto, España2000, que curiosamente obtuvo un concejal en las pasadas elecciones municipales en Silla, Andrés Vicent. Una de las pocas mujeres detenidas durante la operación, María Sandra Rentero Monzó, ocupaba el número tres de la candidatura por Silla, junto con otro implicado, Laureano Piquer Ruiz, trabajador de Levantina de Seguridad, empresa de Roberto, y número 38 de la candidatura d’E2000 a las Cortes Valencianas en las últimas elecciones. Piquer fue condenado por un delito de faltas el diciembre pasado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza, que condenaba subsidiariamente también a la empresa Levantina de Servicios Generales, vinculada al polifacético empresario José Luís Roberto. Alejandro Serrador, el Silla, pertenece también al partido de Roberto, forma parte de la junta nacional y, según Andrés Vicent (el concejal de España 2000), colabora con los jóvenes del pueblo para "alejarlos de la violencia" y para "cambiar la estética". Su defensa en este caso está en manos del bufete de Roberto.
La presencia de la plataforma Acción Popular Contra la Impunidad ha dilatado el periodo de instrucción del caso, todavía abierto. Por esto hoy todavía no hay fecha de juicio, pero al menos ya podemos deducir que los hechos enjuiciados serán conocidos por la opinión pública y no pasarán desapercibidos como si se tratara de una banda de delincuentes comunes.
Fuente
* La familia de un antifascista asesinado hace dos décadas revive el aniversario amenazada
* El homicida, que solo pasó cuatro años en la cárcel, afronta otro juicio por neonazi
Cuando el próximo jueves se cumplan dos décadas de la muerte del joven antifascista Guillem Agulló, su familia mirará de reojo el teléfono. Hasta hace poco más de un año, la ultraderecha recordaba con puntualidad suiza cada aniversario del crimen. Llamadas con amenazas de muerte a medianoche y pintadas con cruces célticas ante la casa familiar en Burjassot (Valencia; 38.000 habitantes). Misivas anónimas desestimadas en los juzgados por falta de pruebas. Sin arrestos. Advertencias que modificaron itinerarios. “Nos decían: ‘Rojos, os vamos a matar”, relata el padre, un afable prejubilado de 63 años que fue concejal de la izquierda nacionalista en los ochenta. Las intimidaciones llegaron al móvil de una de sus dos hijas. El cerco permanece impune.
Agulló tenía 18 años cuando una navaja hundida en el corazón frenó su prometedora carrera de nadador. Había sido preseleccionado para los Juegos Olímpicos de Barcelona. Su vida basculaba entre la dureza de los entrenamientos y el compromiso político en los grupos antifascista Sharp y nacionalista Maulets. El joven carismático quedó noqueado en 1992 por el asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez, primer crimen xenófobo de España. Y se prometió combatir el odio.
El ultraderechista Pedro Cuevas le asestó la cuchillada letal en abril de 1993, cuando Agulló se encontraba en una acampada con amigos en Montanejos (Castellón). El antifascista portaba un brazalete con el lema “Nazis no” bordado por su madre, Carme. Un mensaje que incendió la violencia. Los agresores que le rebanaron la vida se despidieron a la romana y cantando el Cara al sol, según una amiga. “Cuando los compañeros les vieron, les identificaron como neonazis”, explica por primera vez esta testigo, que pide el anonimato.
Dos décadas después, el padre sostiene que el encuentro mortal no fue fortuito. Asegura que un amigo de su hijo le confesó tras el crimen que Agulló estaba amenazado por la extrema derecha, que había pensado en marcharse de Valencia y que un miembro de Burjassot del grupúsculo neonazi Acción Radical (AR), propagador por el corazón de la Valencia de los noventa del odio contra homosexuales, inmigrantes y toxicómanos, avisó a los agresores de la presencia del antirracista en Montanejos. Este periódico ha intentado sin éxito contactar con Manuel Canduela, condenado por pertenecer a la desmantelada AR y actual presidente del partido ultra Democracia Nacional (DN).
Quienes conocieron a Agulló se revuelven con la sentencia. Y se encienden al repasar la deriva extremista del único condenado, que hoy tiene 41 años. El homicida se presentó en 2007 en las listas por Chiva (Valencia) de Alianza Nacional (AN), una formación heredera del partido fundado por Ricardo Sáenz de Ynestrillas que preside el abogado Pedro Pablo Peña. Propugna en su web la imposición del ius sanguinis, derecho de sangre, para obtener la nacionalidad, en la línea de los fascistas griegos de Amanecer Dorado o del movimiento húngaro Jobbik.
Pintada amenazante en la que se indica la fecha y el lugar donde fue asesinado el antifascista Guillem Agulló.
“Esto es propio de partidos que se identifican con el nazismo”, explica la investigadora Anna Ortega. Antes de su aventura electoral, el homicida de Agulló fue detenido en 2005 en la Operación Panzer, que desmanteló una presunta red neonazi que operaba bajo la organización Frente Anti Sistema (FAS). El grupo justificaba el III Reich, divulgaba el nacionalsocialismo por Internet y alentaba el odio contra inmigrantes y homosexuales, según la fiscalía. La Guardia Civil se incautó en la casa de Cuevas, en el barrio valenciano de Benicalap, de 40 brazaletes con esvásticas, una daga nazi y puños americanos prohibidos. También moldes para producir hebillas con el emblema de las SS. El homicida de Agulló fabricaba supuestamente este material. El juicio a los 18 miembros del FAS, entre los que figuran dos militares, se celebrará en las próximas semanas. La fiscalía pide dos años de prisión para Cuevas por asociación ilícita.
Un camarada del homicida de Agulló fue el exresponsable de Alianza Nacional en Valencia Juan Manuel Soria. El ministerio público le sitúa en la cúpula del FAS. La Guardia Civil encontró en su vivienda de Chiva reflexiones sobre el nacionalsocialismo; documentación sobre AN, que se constituiría medio año después en Madrid; planes para crear la asociación medioambiental de corte ultra Pensamiento y Acción Ecologista (PAE) y un carné de Nueva Acrópolis, según ha podido saber EL PAÍS. Los afiliados al FAS pagaban una cuota de 40 euros y reclutaban con conciertos de música RAC (rock anticomunista). El instituto armado sospecha que el grupo preveía crear una asociación tapadera de amigos de la II Guerra Mundial.
Los tentáculos del FAS también alcanzaban presuntamente a un dirigente del partido ultra España 2000. Su segundo concejal en Silla (Valencia), Alejandro Serrador, El Silla, está imputado en la Operación Panzer. Su abogado y presidente de la formación, José Luis Roberto, confía en un escrito colgado en Facebook en que la implicación del edil acabe en una falta por tener en su domicilio “una vieja escopeta de caza sin documentos”. Serrador carecía de licencia, guardaba en casa objetos de “parafernalia neonazi” y almacenaba más de una decena de armas blancas, según la fiscalía.
Cae la tarde en Burjassot y el padre de Agulló se encoge de hombros, impotente, al repasar el periplo ultra de Cuevas y su entorno. Pide que la fiscalía reabra el juicio. Su hijo se ha convertido en un faro moral para la izquierda. Tiene una plaza en su pueblo, poemas y canciones dedicadas por cantautores y grupos como Obrint Pas. “Hoy estaría entre nosotros si no se hubiera parecido tanto a mí”, sentencia este hombre de convicciones sólidas como el acero. Se ha recorrido media España para explicar cómo era su hijo. Y el próximo sábado asistirá al homenaje organizado por sus amigos en Burjassot.
Como ellos, ni olvida ni perdona.
Fuente: El País - España
La lacra ultra sobre los Agulló
 |
| Guillem Agulló padre muestra una foto de su hijo, asesinado por la extrema derecha. |
* La familia de un antifascista asesinado hace dos décadas revive el aniversario amenazada
* El homicida, que solo pasó cuatro años en la cárcel, afronta otro juicio por neonazi
Cuando el próximo jueves se cumplan dos décadas de la muerte del joven antifascista Guillem Agulló, su familia mirará de reojo el teléfono. Hasta hace poco más de un año, la ultraderecha recordaba con puntualidad suiza cada aniversario del crimen. Llamadas con amenazas de muerte a medianoche y pintadas con cruces célticas ante la casa familiar en Burjassot (Valencia; 38.000 habitantes). Misivas anónimas desestimadas en los juzgados por falta de pruebas. Sin arrestos. Advertencias que modificaron itinerarios. “Nos decían: ‘Rojos, os vamos a matar”, relata el padre, un afable prejubilado de 63 años que fue concejal de la izquierda nacionalista en los ochenta. Las intimidaciones llegaron al móvil de una de sus dos hijas. El cerco permanece impune.
Agulló tenía 18 años cuando una navaja hundida en el corazón frenó su prometedora carrera de nadador. Había sido preseleccionado para los Juegos Olímpicos de Barcelona. Su vida basculaba entre la dureza de los entrenamientos y el compromiso político en los grupos antifascista Sharp y nacionalista Maulets. El joven carismático quedó noqueado en 1992 por el asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez, primer crimen xenófobo de España. Y se prometió combatir el odio.
El ultraderechista Pedro Cuevas le asestó la cuchillada letal en abril de 1993, cuando Agulló se encontraba en una acampada con amigos en Montanejos (Castellón). El antifascista portaba un brazalete con el lema “Nazis no” bordado por su madre, Carme. Un mensaje que incendió la violencia. Los agresores que le rebanaron la vida se despidieron a la romana y cantando el Cara al sol, según una amiga. “Cuando los compañeros les vieron, les identificaron como neonazis”, explica por primera vez esta testigo, que pide el anonimato.
Pedro Cuevas acuchilló a Guillem Agulló un nadador preolímpico que vestía un brazalete con el lema “Nazis no”La Audiencia Provincial de Castellón despolitizó la causa. Rechazó el trasfondo ultra. Condenó a Cuevas a 14 años de prisión por homicidio, que se redujeron a cuatro por buen comportamiento. Una de las abogadas de Agulló, la entonces primeriza Mercè Teodoro, atribuye la exigua pena a una calculada estrategia de la defensa, pilotada por letrados con fama de progresistas, que enmarcaron la muerte en una pelea juvenil.
Dos décadas después, el padre sostiene que el encuentro mortal no fue fortuito. Asegura que un amigo de su hijo le confesó tras el crimen que Agulló estaba amenazado por la extrema derecha, que había pensado en marcharse de Valencia y que un miembro de Burjassot del grupúsculo neonazi Acción Radical (AR), propagador por el corazón de la Valencia de los noventa del odio contra homosexuales, inmigrantes y toxicómanos, avisó a los agresores de la presencia del antirracista en Montanejos. Este periódico ha intentado sin éxito contactar con Manuel Canduela, condenado por pertenecer a la desmantelada AR y actual presidente del partido ultra Democracia Nacional (DN).
Quienes conocieron a Agulló se revuelven con la sentencia. Y se encienden al repasar la deriva extremista del único condenado, que hoy tiene 41 años. El homicida se presentó en 2007 en las listas por Chiva (Valencia) de Alianza Nacional (AN), una formación heredera del partido fundado por Ricardo Sáenz de Ynestrillas que preside el abogado Pedro Pablo Peña. Propugna en su web la imposición del ius sanguinis, derecho de sangre, para obtener la nacionalidad, en la línea de los fascistas griegos de Amanecer Dorado o del movimiento húngaro Jobbik.
Pintada amenazante en la que se indica la fecha y el lugar donde fue asesinado el antifascista Guillem Agulló.
“Esto es propio de partidos que se identifican con el nazismo”, explica la investigadora Anna Ortega. Antes de su aventura electoral, el homicida de Agulló fue detenido en 2005 en la Operación Panzer, que desmanteló una presunta red neonazi que operaba bajo la organización Frente Anti Sistema (FAS). El grupo justificaba el III Reich, divulgaba el nacionalsocialismo por Internet y alentaba el odio contra inmigrantes y homosexuales, según la fiscalía. La Guardia Civil se incautó en la casa de Cuevas, en el barrio valenciano de Benicalap, de 40 brazaletes con esvásticas, una daga nazi y puños americanos prohibidos. También moldes para producir hebillas con el emblema de las SS. El homicida de Agulló fabricaba supuestamente este material. El juicio a los 18 miembros del FAS, entre los que figuran dos militares, se celebrará en las próximas semanas. La fiscalía pide dos años de prisión para Cuevas por asociación ilícita.
Un camarada del homicida de Agulló fue el exresponsable de Alianza Nacional en Valencia Juan Manuel Soria. El ministerio público le sitúa en la cúpula del FAS. La Guardia Civil encontró en su vivienda de Chiva reflexiones sobre el nacionalsocialismo; documentación sobre AN, que se constituiría medio año después en Madrid; planes para crear la asociación medioambiental de corte ultra Pensamiento y Acción Ecologista (PAE) y un carné de Nueva Acrópolis, según ha podido saber EL PAÍS. Los afiliados al FAS pagaban una cuota de 40 euros y reclutaban con conciertos de música RAC (rock anticomunista). El instituto armado sospecha que el grupo preveía crear una asociación tapadera de amigos de la II Guerra Mundial.
Los tentáculos del FAS también alcanzaban presuntamente a un dirigente del partido ultra España 2000. Su segundo concejal en Silla (Valencia), Alejandro Serrador, El Silla, está imputado en la Operación Panzer. Su abogado y presidente de la formación, José Luis Roberto, confía en un escrito colgado en Facebook en que la implicación del edil acabe en una falta por tener en su domicilio “una vieja escopeta de caza sin documentos”. Serrador carecía de licencia, guardaba en casa objetos de “parafernalia neonazi” y almacenaba más de una decena de armas blancas, según la fiscalía.
El ultraderechista Pedro Cuevas llega al juicio por el asesinato de Guillem Agulló, en octubre de 1995. / R. ESPINOSAEl presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, cree que el homicidio de Agulló alertó sobre la dimensión de los crímenes ideológicos. La abogada de la familia opina que reveló la “tendencia” de los tribunales valencianos a “despolitizar” las causas. Y la Plataforma contra la Impunitat, que reúne a una treintena de asociaciones, considera que evidenció el alcance de la violencia ultra en la Comunidad Valenciana, donde desde 2007 se han colocado más de una veintena de artefactos explosivos ante sedes de partidos de izquierda y asociaciones culturales. Coinciden en que el huevo de la serpiente ya se incuba. Según Ibarra, desde la muerte de Agulló se han registrado más de 80 homicidios por odio en España. Una maraña de 2.000 webs nazis y racistas infecta el ciberespacio. Y 4.000 agresiones al año propagan la ira al diferente.
Cae la tarde en Burjassot y el padre de Agulló se encoge de hombros, impotente, al repasar el periplo ultra de Cuevas y su entorno. Pide que la fiscalía reabra el juicio. Su hijo se ha convertido en un faro moral para la izquierda. Tiene una plaza en su pueblo, poemas y canciones dedicadas por cantautores y grupos como Obrint Pas. “Hoy estaría entre nosotros si no se hubiera parecido tanto a mí”, sentencia este hombre de convicciones sólidas como el acero. Se ha recorrido media España para explicar cómo era su hijo. Y el próximo sábado asistirá al homenaje organizado por sus amigos en Burjassot.
Como ellos, ni olvida ni perdona.
Fuente: El País - España
No hay comentarios:
Publicar un comentario